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Martes 14 de octubre de 2008
Unas semanas en Madrid, dentro de la Facultad de Medicina de la Complutense, me han permitido palpar de cerca la situación de la sanidad madrileña, en manos antes de Lamela y ahora en la de un consejero que en Mallorca conocemos bien, el señor Güemes. La presidenta de la Comunidad Autónoma ha interpretado la protesta generalizada de los profesionales de la salud, médicos y personal de enfermería, como una especie de acoso político mediante el que los sindicatos estarían haciendo las tareas sucias de oposición a favor del Partido Socialista. Pero basta con ver las cosas sin el intermedio de las interpretaciones más o menos interesadas para comprobar que el problema es de mucha mayor enjundia y tiene la suficiente carga de profundidad como para que tomen nota en otros lugares.
En realidad la cuestión se reduce a la de la oportunidad, las ventajas, la eficacia y el ahorro que puede suponer el privatizar algunos servicios de la atención médica, si no la sanidad en su conjunto. Y no se trata de entrar en cuestiones ideológicas, muy respetables todas ellas, sino en el resultado final que se logra. Pues bien, en contra de lo que se ha mantenido durante mucho tiempo, frente al lugar común establecido de que la gestión pública equivale a despilfarro y la gestión privada a eficacia, en Madrid está sucediendo lo contrario. La privatización, o externalización, como gusta decir la presidenta Aguirre, está llevando a un caos absoluto en los hospitales.
Cuando algo así sucede, carece de sentido buscar una causa única. Son un cúmulo de ellas el que conduce al conflicto. Pero sí que cabe indicar lo que, con bastante probabilidad, se encuentra en la base misma del problema. Tiene que ver con el cambio en el criterio fundamental acerca de lo que tiene que primar en la sanidad pública; aquello que supone el objetivo principal a cumplir. Pues bien, en Madrid -y puede que en otros lugares que conozco peor- se ha pasado como elemento fundamental a tener en cuenta de la atención al paciente a la racionalización y contención del gasto. Algo que no está nada mal en sí mismo pero que ha conducido a dos efectos indeseables. El primero que, al pretender ahorrar en los recursos, se somete a los médicos y enfermeros a una especie de operación en la que se busca exprimir hasta la saciedad su trabajo. La consecuencia es tremenda porque se logra en realidad lo contrario: disminuir la eficacia en la atención al paciente. Como segundo efecto fatal, el ahorro no aparece por ninguna parte. Al obligar a los médicos a hacer tareas administrativas, encargándoles de todos los aspectos burocráticos relacionados con el paciente, lo que se logra es reducir el tiempo de que disponen para llevar a cabo su trabajo principal de diagnóstico y tratamiento.
Como resultado: tensiones, sobrecargas, agotamiento, malhumor, dimisiones en cadena, cierre de servicios y sensación en el enfermo de que no se le está atendiendo como merece. Si la privatización es eso, más nos valdría enterarnos a tiempo de sus resultados.
Martes 14 de octubre de 2008
Unas semanas en Madrid, dentro de la Facultad de Medicina de la Complutense, me han permitido palpar de cerca la situación de la sanidad madrileña, en manos antes de Lamela y ahora en la de un consejero que en Mallorca conocemos bien, el señor Güemes. La presidenta de la Comunidad Autónoma ha interpretado la protesta generalizada de los profesionales de la salud, médicos y personal de enfermería, como una especie de acoso político mediante el que los sindicatos estarían haciendo las tareas sucias de oposición a favor del Partido Socialista. Pero basta con ver las cosas sin el intermedio de las interpretaciones más o menos interesadas para comprobar que el problema es de mucha mayor enjundia y tiene la suficiente carga de profundidad como para que tomen nota en otros lugares.
En realidad la cuestión se reduce a la de la oportunidad, las ventajas, la eficacia y el ahorro que puede suponer el privatizar algunos servicios de la atención médica, si no la sanidad en su conjunto. Y no se trata de entrar en cuestiones ideológicas, muy respetables todas ellas, sino en el resultado final que se logra. Pues bien, en contra de lo que se ha mantenido durante mucho tiempo, frente al lugar común establecido de que la gestión pública equivale a despilfarro y la gestión privada a eficacia, en Madrid está sucediendo lo contrario. La privatización, o externalización, como gusta decir la presidenta Aguirre, está llevando a un caos absoluto en los hospitales.
Cuando algo así sucede, carece de sentido buscar una causa única. Son un cúmulo de ellas el que conduce al conflicto. Pero sí que cabe indicar lo que, con bastante probabilidad, se encuentra en la base misma del problema. Tiene que ver con el cambio en el criterio fundamental acerca de lo que tiene que primar en la sanidad pública; aquello que supone el objetivo principal a cumplir. Pues bien, en Madrid -y puede que en otros lugares que conozco peor- se ha pasado como elemento fundamental a tener en cuenta de la atención al paciente a la racionalización y contención del gasto. Algo que no está nada mal en sí mismo pero que ha conducido a dos efectos indeseables. El primero que, al pretender ahorrar en los recursos, se somete a los médicos y enfermeros a una especie de operación en la que se busca exprimir hasta la saciedad su trabajo. La consecuencia es tremenda porque se logra en realidad lo contrario: disminuir la eficacia en la atención al paciente. Como segundo efecto fatal, el ahorro no aparece por ninguna parte. Al obligar a los médicos a hacer tareas administrativas, encargándoles de todos los aspectos burocráticos relacionados con el paciente, lo que se logra es reducir el tiempo de que disponen para llevar a cabo su trabajo principal de diagnóstico y tratamiento.
Como resultado: tensiones, sobrecargas, agotamiento, malhumor, dimisiones en cadena, cierre de servicios y sensación en el enfermo de que no se le está atendiendo como merece. Si la privatización es eso, más nos valdría enterarnos a tiempo de sus resultados.
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